Cómo se esperaba, el endurecimiento de la regulación de las SICAVs se ha saldado finalmente con la disolución de la mayor parte de estas sociedades, a excepción de aquellas que acumulen patrimonios más grandes, buena parte de las cuales mantendrán el mismo régimen legal y la misma fiscalidad ventajosa que han disfrutado durante años estos vehículos dinversió. El desastre de las sicavs españolas es consecuencia de una modificación de la ley antifraude que exige actualmente a estas sociedades acreditar que cuenten con 100 socios con una inversión mínima de al menos 2.500 euros cada uno para poder acogerse al gravamen del 1% al impuesto sobre Sociedades. La medida fue adoptada para poner fin a la figura de los mariachis, inversores que figuraban en muchos de estos instrumentos únicamente para completar el número mínimo de accionistas exigido por la ley para tributar de manera ventajosa.
A pesar de que el grosor de estos instrumentos no cumple las condiciones exigidas por la nueva regulación, muchos de los grandes patrimonios han decidido adaptarse para poder continuar disfrutando del mismo régimen fiscal. Otros se mantendrán también bajo la figura de SICAV, pero tendrán que elevar su tributación al 25% en no cumplir los requisitos de la norma. La mayoría de estas sociedades, pero, de medida pequeña, ha optado por la disolución –y para buscar otros instrumentos para invertir el patrimonio– o para transformarse en una sociedad anónima o limitada.
Todo y la legitimidad que tiene cualquier Gobierno para combatir los excesos en que puedan incurrir sociedades o instrumento de inversión, la suerte de las SICAVs ha sido una muerte largamente anunciada por un discurso político hostil, así como por la fuerte incertidumbre regulatoria que ha pesado sobre el sector a lo largo de los últimos años. La disolución masiva es, en este sentido, el último capítulo de la progresiva disminución que han exprimit estas sociedades, después de una edad dorada que logró la cumbre el 2015, cuando más de 3.400 SICAVs acumulaban en España 34.000 millones de euros.
A pesar de que el Gobierno ha abierto una puerta de salida a las sicavs controladas por personas físicas para traspasar el dinero a otros vehículos con beneficios fiscales, resto para ver qué porcentaje de capital invertido en estos instrumentos opta para migrar a otros mercados, que es uno de los riesgos que se estudian desde el sector financiero. Como también qué factura pasa en España, como destino de inversión, un endurecimiento fiscal teñido de consideraciones ideológicas, y que, paradójicamente, han podido finalmente eludir los patrimonios más importantes.